Renuncia o juicio político: las dos vías que enfrenta el Poder Legislativo de Paraguay sobre el futuro de Santiago Peña

La crisis política desatada en Paraguay por el escándalo de Ueno Bank ingresó este jueves en una etapa decisiva. Después de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político en su contra. Ahora, el Poder Legislativo enfrenta dos procedimientos que podrían conducir a resultados muy diferentes para el futuro político y judicial del mandatario.

La Cámara Baja aprobó la acusación con 78 votos a favor y ninguno en contra, pese a que Peña ya había anunciado su decisión de abandonar la Presidencia. Con ese resultado, el expediente quedó en condiciones de pasar al Senado, que tiene la responsabilidad constitucional de juzgar al jefe de Estado y eventualmente destituirlo.

Sin embargo, en paralelo se puso en marcha otro procedimiento: el tratamiento de la renuncia presidencial, presentada formalmente ante el Congreso alrededor de las 13.30 por el ministro del Interior, Enrique Riera.

La convocatoria a una sesión conjunta de diputados y senadores para analizar la dimisión introdujo un elemento central en la crisis: si el Congreso acepta la renuncia antes de que exista una declaración de culpabilidad en el juicio político, Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio, una figura constitucional que contempla inmunidades parlamentarias.

Por eso, la discusión ya no gira solamente alrededor de la salida del presidente, sino también sobre las condiciones en las que abandonará el poder y las consecuencias institucionales que tendrá cada decisión.

Primera vía: aceptar la renuncia y habilitar la senaduría vitalicia

El primer camino que tiene el Congreso paraguayo es aceptar la renuncia presentada por Santiago Peña. Según el artículo 202, inciso 16, de la Constitución Nacional, corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar las dimisiones del presidente y del vicepresidente de la República.

Para cumplir con ese procedimiento, diputados y senadores deben reunirse en sesión conjunta y pronunciarse sobre la presentación del mandatario.

Si la renuncia es aceptada, Peña dejará formalmente la Presidencia y se producirá una vacancia definitiva en el Poder Ejecutivo. En ese escenario, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del país para completar el mandato presidencial, previsto hasta agosto de 2028.

Pero la aceptación también tendría otra consecuencia de especial importancia.

El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios, salvo aquellos que hayan sido sometidos a juicio político y encontrados culpables.

Esta figura permite a los exmandatarios participar de los debates del Senado con voz, pero sin voto y sin integrar el quórum de la Cámara.

De esta manera, si Peña deja la Presidencia mediante una renuncia aceptada y no existe una declaración de culpabilidad política, en principio conservaría la posibilidad de acceder a la senaduría vitalicia.

El punto más controvertido es que esa condición podría otorgarle inmunidades parlamentarias, con consecuencias sobre eventuales procesos penales vinculados al escándalo financiero de Ueno Bank.

En caso de que se le reconozcan esas prerrogativas, la Justicia podría necesitar solicitar su desafuero antes de avanzar con determinadas actuaciones procesales.

Esto no significaría que Peña quede exento de responsabilidad penal ni que las investigaciones deban detenerse definitivamente. Los fueros constituyen una protección procesal que puede ser levantada por la Cámara correspondiente mediante el procedimiento constitucional.

Sin embargo, incorporarían una instancia política adicional para avanzar judicialmente contra el expresidente.