Abogado Especializado en Derecho Administrativo y Regulación Económica
Estamos siendo espectadores de una situación inédita a nivel mundial que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Una tragedia con importantes consecuencias negativas, que ya estamos atravesando actualmente, pero que a largo plazo nos dejará muchas lecciones y aprendizajes, que esperemos nos permitan desarrollar una evolución como sociedad.
Son de esas
situaciones en las que deben llevarse a cabo acciones y adoptarse decisiones en
un contexto desconocido por todos y de gran incertidumbre; en las que luego de
varios años se podrá evaluar si esas acciones y medidas que han tomado los
gobiernos y las sociedades en su conjunto, han sido las correctas o las
adecuadas.
Naturalmente que
durante el transcurso de esta crisis sanitaria es muy difícil juzgar y evaluar
la actuación de los tomadores de decisión que tienen la responsabilidad de
adoptar las mejores y -en muchos casos- menos nocivas decisiones para la
población.
En este contexto
mundial, nuestro país se ha visto “beneficiado” por la posibilidad de
visualizar la propagación del virus COVID-19 en el mundo, incluso antes de ser
calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Saludo, lo que
permitió tomar inicialmente medidas oportunas para evitar el flagelo por el que
han debido atravesar otros países.
Las medidas
iniciales fueron sumamente restrictivas con el propósito de: (i) encapsular el
virus, (ii) frenar su propagación, (iii) acondicionar el sistema sanitario,
(iv) informar y educar a la población respecto de las medidas de prevención,
(v) ganar tiempo para permitir a la ciencia la incorporación de mecanismos de
prevención y mitigación del virus, entre otras. Siempre sabiendo que resulta
imposible ganar la guerra, pero sí amortiguar sus consecuencias negativas.
Ahora bien, esas
medidas restrictivas que, inicialmente fueron oportunas y necesarias, se han
mantenido durante más de 4 meses con distintos matices en función de la región
(siendo el AMBA la más afectada), lo que llevado al país a una situación de
parálisis económica, social y educativa sin precedentes.
La restricción a
las libertades individuales y la prohibición de la realizar diversas
actividades económicas, ha determinado una caída alarmante de la actividad
económica, la pérdida de los puestos de trabajo, el debilitamiento de la
capacidad productiva de nuestro país y la fractura del tejido social. Un
empobrecimiento vertiginoso y generalizado de toda la población.
En cierta medida
todos los países se encuentran atravesando situaciones similares, pero no con
la magnitud y profundidad del nuestro, que además viene de años de crisis y
emergencias.
Pero ningún país
ha mantenido las restricciones que ha instrumentado el nuestro (particularmente
en el AMBA) durante tanto tiempo, y con tanto nivel de avasallamiento de las
libertades individuales de la población.
Evidentemente, o
somos innovadores o tenemos un error de diagnóstico que nos impide adoptar las
decisiones correctas y adecuadas en el marco de esta emergencia sanitaria. El
tiempo, como vimos, lo dirá. Pero me parece que estamos en presencia de la
segunda hipótesis (por no proponer ni abonar teorías conspirativas).
El hecho de
haber tenido la posibilidad de ver el desarrollo del virus en otros países con
anticipación por un lado fue positivo, porque nos permitió adoptar con
anticipación diversas medidas; pero al mismo tiempo nos asustó por la forma
intempestiva e inesperada que se propagó generando muchos fallecimientos e
imágenes impactantes.
Pero es
precisamente en estos momentos, en donde se requiere serenidad, profesionalismo
y razonabilidad en la toma de decisiones. Decisiones que impactan en lo más
profundo de nuestros basamentos como sociedad.
Y para ello es
necesario, en primer lugar, contar con un diagnóstico preciso, real y
permanentemente actualizado de la situación. Recién partir de eso, se podrá determinar
la mejor táctica para, finalmente, implementar las medidas correspondientes.
Si el
diagnóstico es errado, falso o parcialmente cierto, cualquier decisión que se
adopte posteriormente será irrazonable, desproporcionada, inocua e ineficaz. Y producirá,
en definitiva, un agravamiento de lo que el propio flagelo de esta pandemia por
sí genera.
En definitiva,
debemos asegurarnos que las decisiones que tomemos no produzcan consecuencias
aún más graves que los males que pretendemos mitigar.
1. El diagnóstico. De la “real” peligrosidad del virus
COVID-19 en nuestro país
Para tener un
diagnóstico preciso para determinar las mejores medidas a adoptar, debemos
tener claro los principales indicadores de la enfermedad.
En nuestro país,
la tasa de letalidad es del 1.8%. La misma se calcula sobre los contagiados
confirmados oficiales (2893 fallecidos sobre 158.321 casos confirmados, al 26
de Julio de 2020).
Este dato es
parcialmente cierto. Pero no del todo cierto, porque como todos estudios
indican los contagiados reales serían entre 5 y 10 veces más que los
confirmados oficiales. Por ende, la tasa de letalidad sería significativamente
menor, ubicándose en un 0,36%, aproximadamente, en el caso que se multiplique
por 5 (y 0,18%, en el supuesto que sea por 10).
Pero además de
eso, el dato por sí sólo carece de la seriedad suficiente para permitirnos
analizar la realidad de la situación epidemiológica de nuestro país.
Al tomarse el
total de los fallecidos, en lugar de diferenciarlos por franja etaria, se camufla
la real dimensión del problema y nos impide tener un diagnóstico claro de la
situación.
En efecto, aun
cuando tomemos una tasa de letalidad del 1,8% (lo cual no refleja la realidad
por la existencia de muchos casos más, como vimos), la realidad epidemiológica de nuestro país es la siguiente:
Rango
Etario
Porcentaje
letalidad
0
a 9 años
0,09%
10
a 19 años
0,05%
20
a 29 años
0,07%
30
a 39 años
0,17%
40
a 49 años
0,52%
50
a 59 años
1,41%
60
a 69 años
5,21%
70
a 79 años
12,18%
80+
años
16,83%
* Fuente:
Ministerio de Salud de la Nación al 26/07/2020
En términos
generales las proporciones en las distintas franjas etarias coinciden respecto
de los restantes países del mundo.
De los números
expuestos se advierte con toda claridad que la letalidad del virus es
insignificante hasta los 49 años y muy baja hasta los 59 años.
Ya comienza a
tener alguna importancia en la franja de 60 a 69 años, proyectando toda su
potencia respecto de los adultos mayores a partir los 70 en donde la letalidad
es del 12,18 %, y se eleva al 16,83% respecto de los mayores de 80 años. Por
eso el promedio de edad de los fallecidos es de 73 años.
Para
complementar el panorama, y como lógica consecuencia de los datos segmentados que
detallamos, las Unidades de Terapia Intensiva son ocupadas en un porcentaje
altísimo por pacientes a partir de los 65 años.
Como puede
verse, y a pesar de su alta contagiosidad y de las molestias que pueda
ocasionar su padecimiento, el virus comienza a mostrar algún riesgo para la
salud para los pacientes de más de 60 años y respecto de aquellos que tienen
enfermedades preexistentes (enfermedades respiratorias, neumonía, etc.). Este
es el verdadero “grupo de riesgo” y respecto de quienes deben orientarse las
políticas públicas para su cuidado y contención.
Y es importante
que toda la sociedad tome nota de esta situación para no paralizarse frente al
miedo que se intenta transmitir y focalizar la atención respecto de quienes son
realmente las víctimas y sectores vulnerable de la enfermedad.
Un adulto mayor,
por ejemplo, aun cuando se levante la cuarentena totalmente, hasta que no salga
la vacuna deberá permanecer aislado –además de las medidas de precaución- porque
se encuentra en riesgo su salud, a partir del incremento de la tasa de
letalidad que tiene el virus, tal como vimos.
Por eso son
ellos quienes forman parte del sector vulnerable. Porque no pueden socializar
con su nietos y demás familiares para preservarse, lo que los lleva a
situaciones personales muy complejas que deben ser comprendidas y atendidas por
toda la sociedad.
A partir de
ello, como primer paso, tenemos la obligación como sociedad de identificar el
verdadero flagelo de esta enfermedad. Por eso, el gobierno debería informar la
tasa de letalidad en función del rango etario para dar una información veraz, real
y precisa, en lugar de infundir miedo y terror, para que la sociedad pueda
evaluar los verdaderos alcances y riesgos de la misma.
Y de este modo
se pondrán las energías en donde resulta necesarias e indispensables.
Los medios de
comunicación tienen un rol determinante. Sin embargo, salvo excepciones no han
estado a la altura de las circunstancias, ya que ha privilegiado el
sensacionalismo en lugar de la información seria y objetiva.
Y no debe caerse
en la simplicidad de desmerecer la enfermedad. Simplemente darle el lugar que
debe ocupar y actuar en consecuencia. Sólo para tener una referencia respecto
de la real incidencia de este virus en relación a otros, el promedio anual de muertes
por neumonía y gripe en nuestro país es de 30.000 (y para estos virus existe la
vacuna).
2. La (i)razonabilidad y (des) proporción de las
medidas “sanitarias” adoptadas
Frente a esta
realidad, nuestro país decidió cerrar sus fronteras externas e internas, entradas
a las provincias y los municipios. Un confinamiento generalizado de toda la
población (sus libertades individuales), su educación y su economía, con
distintas variantes y modalidades –pero en todos los casos muy estrictas- desde
hace más de 4 meses y con particular determinación en el AMBA.
Cabe
preguntarse, si estas medidas son constitucionales. Nuestra Constitución Nacional,
de neto corte liberal, consagra y garantiza al máximo las libertades individuales,
educativas, sociales, culturales, económicas y religiosas de todos sus ciudadanos.
También
contempla que esos derechos podrán ser “delimitados” y estarán “regulados” por
las leyes que dicte el Congreso de la Nación, pero que en ningún caso pueden ser
eliminados. Y habilita a los poderes del estado en un contexto de emergencia a
incrementar el poder de esas limitaciones.
Para determinar,
entonces, la constitucionalidad de las medidas adoptadas debemos realizar con
lo que se denomina el “test de constitucionalidad” que consiste en evaluar la
“razonabilidad” y “proporcionalidad” de las decisiones adoptadas.
Ahora bien,
frente a la realidad epidemiológica descripta en el punto anterior, con los
propios datos que surgen del Ministerio de Salud de la Nación, cabe formularse
las siguientes preguntas luego de 4 meses de un confinamiento estricto en
nuestro país:
¿Es razonable
que toda la población esté afectada por las medidas sanitarias de restricción?
¿No deberían
mantenerse esas medidas respecto de los grupos de riesgo?
¿No debería
aislarse a los adultos mayores y que todo el estado y la sociedad contribuyan a
su contención y a quienes los asisten?
¿Tan alta es la
tasa de letalidad que justifica el confinamiento durante tanto tiempo para toda
la población?
¿Los ciudadanos
menores de 60 años necesitan que el Estado los cuide, no los deje trabajar y
los mantenga en confinamiento?
¿No sería más
conveniente explicar con precisión y claridad la real situación epidemiológica
a la población y adoptar las medidas adecuadas?
¿Si es que
realmente es tan contagioso en lugar cerrados, es razonable que en la Provincia
de Buenos Aires esté prohibido desde hace 4 meses que los niños tengan salidas
recreativa, pero puedan ir a negocios de cercanía con sus padres?
No se pretende
en este punto una apertura generalizada e irresponsable. Lo que corresponde es
el mantenimiento de las restricciones en donde efectivamente resulten
razonablemente eficaces.
Y la
justificación de esto no es “porque pasó mucho tiempo” y que “la gente está
cansada”, sino porque el verdadero riesgo que justifica la adopción de medidas
restrictivas está en los grupos vulnerables, y no en el resto de la sociedad.
Frente a esta
situación cabría preguntarse lo siguiente:
Si las medidas
restrictivas de confinamiento se aplicaran exclusivamente respecto de los
grupos de riesgo y toda la sociedad se una en su apoyo y contención:
¿Cuál sería la
tasa de letalidad, se mantendría en 1.8%?
¿Cuál sería el
nivel de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva?
¿Cuál sería el
verdadero impacto en la economía, educación, fuentes de trabajo, etc.?
3. La sociedad desorientada actúa instintivamente y en
forma descoordinada
Nuestra sociedad
ha tomado debida nota de la real situación epidemiológica.
Inconscientemente
ha iniciado su propio proceso de toma de decisión. Y por eso, mientras el
gobierno insiste en señalar que la “cuarentena” de toda la población es la
única medida “eficaz” para contrarrestar la “muerte”, la población se ha
volcado masivamente a circular por las calles y parques de la Provincia y de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por el momento
no ha llegado a desafiar al Gobierno intentando una protesta frente a la
gravedad de las restricciones impuestas; pero en su fuero íntimo, y más allá de
las precauciones que adopta por el cuidado de su salud, entiendo que ese riesgo
de muerte que han pretendido instalar no es tal.
Al mismo tiempo,
los que conforman el grupo de riesgo, intensifican las medidas de prevención y
confinamiento por su propia cuenta, de una manera descoordinada y sin la
correspondiente contención del Estado y de sus familiares (que paradójicamente
sólo pueden sacar 2 permisos de circulación por semana para asistirlos).
Es evidente,
entonces, que no hay una política orientada en este sentido con una
comunicación clara y precisa desde el Estado y de los medios de comunicación, que
nos permita a todos orientar los esfuerzos donde realmente son necesarios.
En la práctica,
mientras el gobierno continúa prohibiendo actividades económicas la sociedad, de
hecho, retoma sus actividades. Esto quedo claramente evidenciado en la última
“cuarentena estricta” que pretendieron imponer en el AMBA entre el 1 y 17 de
julio. En donde ordenaron el cierre masivo de locales comerciales, fábricas y
actividades económicas, y restringieron al máximo el transporte, pero los
ciudadanos continuaron con una vida “normal”.
Entonces, por un
lado, mientras un pintor o un peluquero no pueden ir a trabajar, miles de
personas se desplazan y circulan por el conurbano de la Provincia de Buenos,
realizando tareas que van más allá de “compras para abastecimiento en negocios
de cercanía”.
Y termina
pasando lo de siempre: frente a prohibiciones irrazonables y desproporcionadas,
los incumplimientos se generalizan e incluso desoyen las valederas y verdaderas
recomendaciones sanitarias que pueden tener un impacto en la propagación de la
pandemia: evitar reuniones sociales y familiares, mantener distanciamiento
social, e higiene personal. Y fundamentalmente, asistir a los grupos de riesgo.
Frente a esta
realidad estadística, realmente no se llega a comprender la decisión de las
autoridades de someter a todo un país a un confinamiento estricto de toda su
población y de las actividades económicas.
Cuando en
realidad debería tomar medidas y cuidados intensos y concretos respecto de
quienes conforman el grupo de riesgo.
Las medidas de
confinamiento y cuidados especiales tienen que estar orientadas al grupo de
riesgo. El resto de la sociedad tiene que tomar las medidas preventivas
correspondientes, pero mantener su actividad en el marco de una nueva
normalidad que requiere la convivencia con un virus altamente contagioso y que,
si bien en la mayoría de los casos es asintomáticos,o oligoasintomáticos o
síntomas leves (casi el 90%, aproximadamente), en algunos casos tiende a tener
una complicación (10%), aunque el porcentaje de letalidad es prácticamente inexistente
(siempre hablando de quienes no conforman los “grupos de riesgo”).
4. La guerra contra un “enemigo invisible”
Estamos en una
guerra contra un enemigo invisible como acertadamente han señalado nuestros
representantes. Frente a ello necesitamos un comandante en jefe con el
suficiente pragmatismo que se rodee por los más destacados especialistas de las
distintas áreas.
Si el ataque del
enemigo se despliega en forma simultánea en distintos frentes (aire, tierra o
agua), será necesario convocar a las mejores especialistas y repeler cada uno
de los ataques.
El COVID-19 nos
ha librado una guerra que no se limita a lo sanitario. El ataque es general y
abarca distintos campos de batalla que requieren ser atendidos y repelidos en
forma simultánea: en lo económico, social, educativo y también, por supuesto,
en lo sanitario.
El error es
pesar que el ataque es sólo sanitario porque entonces estaremos combatiendo en
una guerra, pero defendiéndonos solamente en una batalla. Y por librar esa única
batalla, mientras se están librando otras tantas en forma simultánea,
indefectiblemente vamos a perder la guerra en forma escandalosa y,
naturalmente, esa batalla.
Batalla sanitaria
que estaba predeterminada a perderse, pero que, con la adopción de medidas y
decisiones correctas, las pérdidas pueden morigerarse.
Por eso no hay
pos pandemia. Es como decir pos guerra, cuando decidimos no presentarnos en las
distintas batallas. Las batallas económicas, sociales y educativas se están
librando. El virus está atacando en los distintos flancos, dependerá de
nosotros darnos cuenta de eso, asumir el rol que nos toca, y presentarnos a
esas batallas en las que estamos perdiendo sin siquiera haber peleado.
