Diputados aprobó la nueva Ley de Ministerios y Sáenz avanza con una fuerte reestructuración del gabinete

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a la nueva Ley de Ministerios enviada por el gobernador Gustavo Sáenz, en una sesión veloz en la que el proyecto se trató sobre tablas. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría, con la única negativa del diputado Roque Cornejo, y plantea una reestructuración profunda del gabinete provincial.

El cambio más resonante es la eliminación del Ministerio de Infraestructura, actualmente a cargo de Sergio Camacho. Sus funciones —consideradas estratégicas para la gestión— pasarán a depender de la nueva Jefatura de Gabinete de Ministros. En el Gobierno remarcan que Camacho mantendrá e incluso ampliará sus responsabilidades, aunque bajo una dependencia distinta, y aseguran que el rediseño busca optimizar la administración “sin afectar su funcionamiento ni capacidad operativa”.

Con la reforma, el Ejecutivo quedará conformado por ocho ministerios, además de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Gobernación. El recorte más significativo se da en el nivel de Secretarías de Estado, que pasarán de 48 a 30, una reducción del 37,5%. Según el mensaje oficial, la poda apunta a achicar el tamaño del Estado con criterios de austeridad y eficiencia, pero sin frenar la gestión.

El proyecto fundamenta los cambios en las atribuciones constitucionales que permiten al gobernador organizar la administración y definir la cantidad y competencias de ministros y secretarios. Entre los argumentos enviados a la Legislatura se destaca que la eliminación de Infraestructura y de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas permitirá unificar funciones dispersas, reducir costos y mejorar la eficacia del Gobierno. En ese esquema, la Jefatura de Gabinete se presenta como el nuevo centro de coordinación política y operativa.

La reestructuración alcanza también a áreas clave. El Ministerio de Gobierno sumará el área de Justicia y pasará a denominarse Ministerio de Gobierno y Justicia. El Ministerio de Seguridad quedará enfocado exclusivamente en prevención del delito, seguridad vial, narcotráfico, articulación con fuerzas federales y emergencias. Desde el Ejecutivo señalan que estos cambios buscan fortalecer el Plan Güemes y el Plan Roca.

En el área económica, la cartera productiva adoptará el nombre de Ministerio de Producción y Minería, en línea con el crecimiento del sector minero en la provincia. A su vez, Economía y Servicios Públicos incorporará las funciones de modernización del Estado, bajo el argumento de que deben recaer en el organismo rector de la hacienda provincial para preservar el equilibrio fiscal.

La ley también establece el orden de prelación del gabinete: primero la Jefatura de Gabinete, seguida por los ministerios de Gobierno y Justicia; Economía y Servicios Públicos; Desarrollo Social; Educación y Cultura; Salud Pública; Producción y Minería; Turismo y Deportes; y Seguridad.

En el mensaje enviado al Parlamento, el gobernador Sáenz sostuvo que la reforma es “una herramienta clave” para mejorar el funcionamiento gubernamental, elevar la eficiencia y reducir de manera significativa la estructura del Estado. Tras obtener media sanción, el proyecto pasó al Senado para su tratamiento final.

Camacho, el “súper ministro” en el nuevo esquema

Aunque no se mencionaron nombres de manera oficial, todas las señales del Gobierno apuntan a que Sergio Camacho concentrará un rol central en la nueva arquitectura del poder. La eliminación de Infraestructura —una cartera históricamente pesada por presupuesto y decisiones estratégicas— no es vista como una pérdida, sino como un movimiento que lo acerca aún más al núcleo de la toma de decisiones del Ejecutivo.

La transferencia directa de todas las competencias de Infraestructura a la Jefatura de Gabinete refuerza esa lectura: el área se convertirá en la usina de planificación, obra pública y gestión técnica del Grand Bourg. Para algunos sectores, el rediseño también responde al clima político nacional, donde la obra pública perdió peso bajo la gestión libertaria. Camacho, recuerdan en el oficialismo, es uno de los funcionarios que acompaña a Sáenz desde el primer día.

Gobierno vuelve a absorber Justicia en pleno movimiento en la Corte

Otro punto sensible de la reforma es la decisión de que el Ministerio de Gobierno —conducido por Ricardo Villada— vuelva a integrar el área de Justicia. La medida llega en un momento clave: están por vencer los pliegos de los jueces de Corte Guillermo Catalano y Roberto Samson, y el Ejecutivo deberá definir dos propuestas para cubrir esos cargos.
En el Gobierno reconocen que, en términos operativos, resulta más eficiente separar Justicia de Seguridad, especialmente ante la inminente puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial Centro, prevista para febrero.