Desde este lunes entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, aprobado mediante la Ley N° 8.520. La reforma, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, completa la transición hacia un sistema penal acusatorio y adversarial iniciado en 2011. Su implementación será progresiva, comenzando en el Distrito Judicial del Centro y extendiéndose luego a los distritos del interior.
El nuevo código redefine los roles dentro del proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal asume la investigación y la acusación, mientras que el juez se limita al juzgamiento, garantizando mayor imparcialidad y celeridad. El proceso se regirá por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.
Entre sus principales innovaciones se destacan la oralidad plena y la transparencia de los procesos, con audiencias grabadas, la fijación de plazos máximos según la complejidad de los casos, herramientas modernas de investigación como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración, la creación de la Oficina Judicial para optimizar la gestión, y un sistema de apelaciones horizontales que agiliza la revisión de decisiones.
En paralelo, se avanza en la implementación de una plataforma tecnológica unificada que permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La Carpeta Judicial Digital y el registro audiovisual de audiencias reemplazan al expediente en papel, consolidando un sistema despapelizado, ágil y accesible.
La entrada en vigencia de la Ley N° 8.520 representa un avance estructural en la modernización del sistema judicial salteño, fortaleciendo el compromiso con una justicia más eficiente, transparente y cercana a la comunidad.
