El gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo ajuste presupuestario de unos 2,5 billones de pesos, en su afán porque las cuentas le cierren y, en simultáneo, cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI. Esta vez, el ajuste afecta a diversas áreas, con recortes que impactan en provincias y sectores sensibles como la educación y la salud, mientras se incrementan los fondos para algunos sectores específicos, como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Consejo de la Magistratura.
Uno de los sectores más afectados por el ajuste es el educativo, donde se destacan los recortes de más de $78.000 millones en programas de la Secretaría de Educación y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según la Decisión Administrativa 20/2026.
De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.
Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.
Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.
Las universidades más perjudicadas son la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, y la Universidad Nacional de Avellaneda, entre otras.
El ajuste también golpeó duramente a las obras de infraestructura escolar y equipamiento, con un recorte de más de $21.000 millones, y a las becas estudiantiles, que vieron una baja de más de $559 millones. La firma estatal EDUC.AR S.A. también se vio afectada, perdiendo $48.000 millones en transferencias, lo que pone en riesgo la conectividad y la digitalización de los establecimientos educativos.
Hacia el interior
A nivel provincial, a través de la Decisión Administrativa 20/2026 que lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica.
En este tramo provincial, el ajuste también afectó a Salta, que vio reducir sus partidas por un monto superior a los 3.100 millones de pesos. No es la cifra definitiva ya que deben sumarte proporcionales de las partidas de educación (como alfabetización) y las universidades, entre otros.
En total, los recortes dispuestos por la Decisión Administrativa 20/2026 alcanzan los $2,5 billones, o el 1,6% del Presupuesto nacional de este año, con una distribución que afecta tanto a la administración central como a diversas áreas. El ajuste también incluyó reducciones en fondos destinados a la infraestructura para el desarrollo del deporte, la prevención del cáncer y la integración socio-urbana, entre otros. Los recortes en subsidios y los aumentos de tarifas de servicios públicos fueron otro de los ejes del ajuste.
En el marco de esta medida, el Gobierno ha mantenido su compromiso de cumplir con el equilibrio fiscal que exige el FMI, aunque esto implique reducciones en áreas clave como la educación y la salud.
La quita de recursos para Salta
En el anexo 1 de la Decisión Administrativa 20/2026, Salta aparece en varios ítems con recortes que suman 3.167.699.789 pesos. La cifra se compone de una quita dentro de la Justicia Federal local, de $1.478.937.330 pesos correspondiente a la Cámara de Salta.
En Vialidad hay tres recortes: $190.532.373 que estaban previsto en el ítem “mantenimiento de rutas nacionales”; otros $971.214.112 para obras de seguridad en las carreteras de jurisdicción federal; y, finalmente, $527.015.974 de “mantenimiento y Reparación de Obras de Arte en 5° Distrito – Salta”.
Las mayores “poda” por sector
La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica. El ajuste se concentró en partidas bajo la órbita de “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y del Ministerio del Interior, afectando recursos destinados a administraciones provinciales y programas de desarrollo regional.
Otras recortes dispuestos por el Ejecutivo, por áreas son:
* Educación: $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. El principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713.
* Defensa: El Ministerio sufrió una reducción superior a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas.
*Salud pública: el recorte es de $63.021.299.401 con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.
