El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.
La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.
Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario a TN.
Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.
“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.
Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.
Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos
Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.
La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.
Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.
Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.
La opinión de los nutricionistas
“Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, señaló a TN la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.
“Es una ley que se debatió profundamente con toda la evidencia científica”, indicó Cáceres. Además, destacó que del debate participaron científicos, representantes de la industria y la política. “Se construyó el mejor proyecto posible”, destacó.
“Derogar una ley que costó tanto conseguir, que es la mejor ley de la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”, manifestó Cáceres. “Fue una construcción democrática y participativa y se está atacando todo eso. No se entiende el motivo”, añadió.
“Es un capricho libertario. La ley informa de manera clara y sencilla”, señaló la nutricionista, al tiempo que resaltó: “Es muy valorada por los sectores más vulnerables”.
Además, Cáceres explicó que la norma tuvo un alcance más profundo que el visual en los productos. “Muchas provincias avanzaron en ofrecer alimentación más saludable en las escuelas”, detalló.
“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, dijo la nutricionista. Frente a las críticas recibidas, Cáceres retrucó: “La industria alimenticia está siendo perjudicada pero no por el etiquetado, aunque la ley busca desalentar el consumo de ultra procesados, que se alimenten más saludablemente”.
Rumbo al debate que impulsa el Gobierno para derogar la ley, desde FAGRAN no se van a quedar de brazos cruzados. “Ya pedimos audiencias con diputados y senadores, con los recursos que tenemos. Nos vamos a movilizar en la medida que podamos”, indicó.
“La ciudadanía acompaña la ley, le sirve y la valora. Lo tenemos comprobado”, aseguró Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que favorece tanto a la población”, remarcó.
Respecto del lobby empresario para derogar la ley, la titular de FAGRAN afirmó: “Hay una industria que siempre estuvo en contra de la ley y hoy está posible con esta posible derogación, pero hay otra que lo está padeciendo porque está comprometida”. Luego, cuestionó al gobierno de Javier Milei: “La gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y pueda comprar los alimentos que necesita para vivir”.
