El Gobierno nacional comenzó a promover un salario mínimo garantizado de $1.070.000 brutos para los convenios colectivos que deberán renegociarse tras la reforma laboral. La iniciativa procura establecer una referencia superior al millón de pesos para los trabajadores registrados, pero su aplicación no será automática: dependerá del acuerdo que alcance cada sindicato con las cámaras empresarias.
La propuesta comenzó a ser comunicada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, especialmente a sectores que mantienen salarios por debajo de ese nivel, como maestranza, construcción y sanidad. Una vez alcanzado el entendimiento entre las partes, la cartera laboral deberá homologarlo.
El monto planteado para agosto equivale, según cálculos oficiales, a alrededor de $860.000 en mano. Sin embargo, no se trata de una actualización del salario mínimo vital y móvil ni de un piso general que el Estado impondrá por decreto. Es una referencia que el Gobierno pretende incorporar en las negociaciones colectivas de cada actividad.
Salarios y convenios
Esa diferencia resulta central. Mientras el salario mínimo vital y móvil funciona como una garantía legal para todos los trabajadores y también sirve para actualizar determinadas prestaciones, el salario garantizado se incorporaría a los convenios y alcanzaría solamente a quienes se encuentren comprendidos en ellos.
La negociación deberá realizarse sector por sector porque las condiciones salariales, productivas y empresariales son diferentes. Actualmente existen 446 convenios colectivos por actividad y más de 300 correspondientes a empresas particulares. Por eso, la aplicación de una misma cifra puede tener efectos distintos según la capacidad económica de cada empleador.
Ingresos bajos e inflación
Desde Trabajo sostienen que no habrá un porcentaje mensual obligatorio para las paritarias. La directiva será evitar que las recomposiciones salariales se trasladen a los precios. El planteo oficial intenta así combinar una recuperación de los ingresos más bajos con la política destinada a contener la inflación.
La iniciativa, no obstante, todavía no aparece como una política coordinada con todos los actores involucrados. Según publicó La Nación sobre la base de fuentes oficiales, la propuesta no habría sido consultada previamente con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tampoco había sido comunicada formalmente a la conducción de la CGT.
