Los empleados piden la intervención provincial. Mientras la cooperadora quedó totalmente desfinanciada, los empleados piden que dependa administrativamente de la Provincia.
Los empleados se enteraron por los medios que no cobrarían sus sueldos, y las prestaciones no están garantizadas. La responsabilidad es Municipal, pero Saenz ya mostró su desacuerdo con que se dejen de dar las prestaciones y se queden los empleados sin trabajo. Desde la intendencia nadie dijo concretamente que iba a suceder, por lo que la incertidumbre aumenta.
A través del Consenso fiscal nacional, que significó la suspensión del pacto fiscal y permitirá recaudar al Estado salteño 4 mil millones de pesos que se les esfumaban por la baja de las alícuotas impositivas provinciales, se sostuvo la eliminación del impuesto a las cooperadoras asistenciales que aportaban las empresas por cada trabajador activo y que era la principal fuente de financiamiento de esas instituciones.
En un principio, la Cámara de Diputados había dado media sanción para lograr una prórroga que permitía mantener este impuesto provincial, pero en el Senado no se logró avanzar con esa prórroga generando el enojo de muchos intendentes.
Lo cierto es que el tira y afloja recién comienza, y las relaciones entre Provincia y Municipio siguen tensas.
