Sesión redonda para el Gobierno en Diputados: acotó el alcance del régimen de zona fría después de aprobar la ley Hojarasca

Luego de alcanzar una cómoda mayoría en la media sanción a la ley Hojarasca, el oficialismo consiguió 132 votos a favor (contra 105 en contra) para aprobar en Diputados una modificación en el régimen de zona frías, reduciendo el alcance de subsidios en provincias de bajas temperaturas, en las que se privilegiará el poder adquisitivo de los usuarios. Aún así, los que continúen percibiendo el beneficio recibirán incrementos en sus boletas, dado que el subsidio se aplicará al consumo y no a la totalidad de la factura, que incluyen costos de distribución y de distribución. Resta el tratamiento en el Senado.

Los subsidios provienen de un recargo del 7,4% en la factura de gas de todos los usuarios del país, fondos que no se dejarán de percibir e irán directamente a las arcas estatales. Fuentes oficiales estiman que se tratan de más de $272 mil millones. En contrapartida, el Estado compensará a las empresas distribuidoras y transportistas de electricidad por las eventuales deudas que contrajeron durante los años de las leyes de emergencia tarifaria. Los distritos que habían sido alcanzados por la extensión del 2021 dejarán de recibir los beneficios.

La realización de la sesión inhibió una iniciativa opositora para interpelar a Manuel Adorni, que estaba prevista para este mismo miércoles. Aún con la enumeración de acusaciones contra el jefe de Gabinete, y pese a incorporar una serie de propuestas sensibles a la agenda (como la regularización de pagos del PAMI o la prolongación del régimen de licencias parentales) la oposición no era optimista de alcanzar el quorum y el traspié en ambas leyes volvió a enfrentarlo con una cifra que no puede remontar: la ley Hojarasca tuvo 138 votos a favor, número similar a la ley de Glaciares (137) o la reforma laboral (135). Esa mayoría del oficialismo es la barrera para cualquier intento de los bloques antagónicos.

La Libertad Avanza alcanzó la mayoría con los votos de la UCR, el PRO y los aliados provinciales de San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Salta y Misiones. Para garantizarse la mayoría con el proyecto de reforma del régimen de zona fría, este medio pudo conocer que el oficialismo habría presentado una promesa de ofrecer subsidios a las tarifas eléctricas -al menos- a estas últimas dos provincias, bajo el pretexto de formar parte de una región calurosa. Sin embargo, esta contraparte se conocería a través del Boletín Oficial.

La particularidad es que los mendocinos Pamela Verasay y Luis Petri, senadora y diputado respectivamente en el 2021, acompañaron derogar la ampliación que habían votado hace cinco años. Lo mismo hicieron los representantes de la gobernación de San Juan, a pesar de que su actual mandatario Marcelo Orrego -diputado en 2021- votó a favor de la pasada reforma de la ley 27.637 de Régimen de Zona Fría. El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas rechazaron la propuesta, con abstenciones de los provincialistas de Catamarca y de Maximiliano Ferraro.

Régimen de zonas frías

La reforma al régimen de zonas frías implica una modificación sobre la redacción aprobada en 2021 (con 190 votos a favor en Diputados y 51 apoyos en el Senado), que en ese momento incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Eso implicó una serie de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. El proyecto remueve a esos distritos del esquema de beneficios energéticos.

La iniciativa libertaria actual reduciría esa cantidad de usuarios y conservaría un criterio de subsidios a aquellos de bajos recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). “Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan”, resumió la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, en su defensa en Diputados.

Asimismo, según el artículo 4, el Estado hará erogaciones en concepto de “cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”. A cambio, las compañías deben renunciar a “la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos” que mantienen con el Estado nacional por la declaración de emergencia.

En su artículo 8°, la propuesta define que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) perderá potestad de “limitar el traslado” de los costos a los consumidores en casos de precios acordados que exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el organismos considere equivalentes. Por otra parte, se derogan los artículos que componen el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

El subsidio persistirá en el consumo de gas de usuarios de bajos recursos, aunque no será así en cargos fijos ni en transporte y distribución, otras categorías que componen cerca del 60% de la factura. La medida se suma a lo definido en la Disposición 20/2026 publicada esta semana que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), redujo unos $110.000 millones correspondientes a partidas del Tesoro para los subsidios a la energía.

Además, por unanimidad se aprobó el reconocimiento al brigadier Jorge Francisco Martínez, quien participó de la Guerra de Malvinas como miembro de la Fuerza Aérea. Con 90 años, es actualmente el veterano de guerra de mayor edad, yendo a las islas con 46 años. En agosto del 2025, ya había recibido un reconocimiento en el Senado de la Nación. Lo reconocieron con la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al brigadier “por su mérito, valor y heroísmo en defensa de la Patria en la Guerra del Atlántico Sur”.

Durante la sesión, se aprobaron tratados internacionales con amplios apoyos -y en ocasiones con votos a favor unánimes-. Se trata de acuerdos de extradición de Polonia, Costa Rica y Chile; convenios sobre remoción de restos de naufragio acordado en Nairobi; y el cobro de alimentos para los familiares suscripto en la Corte de La Haya; y tratados de asistencia jurídica con Serbia y Cuba.