El Gobierno de Jujuy declaró la emergencia energética y tarifaria

El Gobierno de Jujuy, a través de un decreto emitido por el gobernador Carlos Sadir, oficializó la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo su territorio, medida de alcance excepcional que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión busca garantizar la accesibilidad, el alcance y la estabilidad en la prestación de los servicios esenciales frente al complejo contexto económico actual.

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, en una conferencia de prensa realizada en la mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, había adelantado las medidas adoptadas tras el temporal de viento norte que el viernes dejó sin servicio eléctrico a unas 70 mil usuarios, de acuerdo a lo informado por Ejesa, en distintos puntos de la provincia.

Siufi explicó que, aunque algunas familias sufrieron cortes de ocho horas y otras de hasta 24, todavía ayer había hogares aislados sin servicio, mientras las cuadrillas continuaban trabajando para restablecer el suministro. Según el funcionario, se trató de “un evento que nunca habíamos vivido con anterioridad en esta magnitud”.

Indicó que directivos de la empresa Ejesa habían atribuido, el sábado, que la falla se debió a lo que calificaron como el peor fenómeno climático de los últimos 30 años. Sin embargo, expresó que el Gobierno provincial rechazó esa explicación: recordó que el viento norte es un fenómeno habitual en Jujuy y citó como antecedente un episodio de similares características ocurrido el 7 de mayo. Para Siufi, este tipo de eventos “son históricos” en la provincia y “se pueden y se tienen que poder prevenir”.

El funcionario puso el foco en lo que definió como una empresa “desbordada, sin capacidad de respuesta”. Recordó que el gobernador debió intervenir personalmente durante la tarde-noche del sábado para reforzar los operativos, lo que incluyó la llegada de grúas y equipos desde la provincia de Tucumán.

Siufi adelantó que se revisarán con mayor profundidad los planes de contingencia de la empresa, más allá de las auditorías habituales que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) sobre las inversiones. “Lo que hemos encontrado es que esa capacidad de respuesta se ha visto fuertemente dañada en los últimos tiempos”, señaló.

El secretario reconoció que la empresa concesionaria de la distribución de energía eléctrica en Jujuy venía acumulando un fuerte malestar social por el aumento de las tarifas. Precisó que la porción provincial de la factura aumentó un 350% en línea con la inflación, mientras que los componentes de generación y transporte -de competencia nacional- se incrementaron más del 1000% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. “La gente no entiende eso, y menos en un evento como este”, admitió.

El Decreto

Entre los principales puntos del Decreto Acuerdo 5.658, emitido el 20 del corriente, que declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027, en línea con la emergencia dispuesta por el Gobierno nacional en julio, señala que el Poder Ejecutivo facultó a la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda) y a la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) para dictar las medidas necesarias que permitan ajustar los mecanismos regulatorios y contractuales vigentes.

La resolución pone especial foco en los usuarios de la categoría T1 (mayor de 5 Kw), para quienes se establecieron medidas de protección directa frente a la falta de pago: Suspensión de cortes, se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga. Protección del medidor, el retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio. Eliminación de punitorios, queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica mientras dure la emergencia.

Subsidios y Tarifa Social

Por otra parte, el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con el sostenimiento de los beneficios vigentes para las familias jujeñas: Ley Puna, se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias. Tarifa Social, se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-Isptyv-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red. Campañas de reempadronamiento. la Secretaría de Energía y la Susepu iniciarán una campaña intensiva de difusión para asegurar que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos puedan incorporarse a este beneficio de forma permanente.

Para el agua potable

El impacto de la emergencia también alcanza al servicio de agua potable y saneamiento. En ese sentido, se facultó a la empresa Ejesa para incluir, dentro de los convenios de refinanciación, las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy, facilitando así la regularización de los usuarios. Asimismo, se prohibió a la empresa estatal de agua cobrar intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual no supere los 30 m3 y a aquellos vinculados a grifos comunitarios.

Control y fiscalización

Por último, la Susepu recibió instrucciones precisas para actuar como organismo de contralor, ejerciendo todas sus competencias de regulación y fiscalización para garantizar que los prestadores del servicio en cumplimiento efectivo a las nuevas disposiciones. Con este paquete de medidas, el Gobierno de Jujuy intenta brindar previsibilidad a los usuarios y asegurar la continuidad de los servicios básicos en un marco de protección para los sectores más vulnerables de la provincia, según se destacó.