Empresas de SAETA reducen frecuencias y advierten que el servicio podría agravarse

Las empresas que prestan el servicio de transporte metropolitano en Salta advirtieron que la situación financiera del sistema ya comenzó a repercutir en la prestación, con una reducción de unidades y frecuencias. A través de una solicitada publicada este domingo, señalaron que el escenario podría agravarse si SAETA no regulariza los pagos pendientes correspondientes a los servicios prestados desde julio.

El planteo fue firmado por Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL, que pidieron disculpas a los usuarios afectados y responsabilizaron a la conducción de SAETA por el “progresivo deterioro” del servicio.

Según expresaron, las empresas cuentan con la flota, el personal y los recursos necesarios para garantizar una prestación adecuada, pero los atrasos en los pagos comenzaron a condicionar la operación cotidiana.

Falta de recursos para sostener el servicio

Las prestatarias sostienen que SAETA mantiene incumplimientos en el pago de los servicios desde julio. De acuerdo con lo planteado en la solicitada, la falta de fondos comenzó a dificultar la compra de combustible y el cumplimiento de otras obligaciones necesarias para mantener los colectivos en circulación.

El documento no precisa cuántas unidades fueron retiradas ni cuáles son los corredores en los que se redujeron las frecuencias. Tampoco informa el monto total de los certificados que, según las empresas, se encuentran pendientes de pago.

No obstante, las compañías sostienen que el conflicto financiero ya dejó de ser exclusivamente contractual y comenzó a tener un impacto concreto sobre los pasajeros.

Desde SAETA fueron consultados sobre la situación, el alcance de la deuda denunciada y las modificaciones en el servicio. Desde el organismo indicaron que durante la jornada de hoy brindarían información oficial.

Un conflicto que se profundizó durante septiembre

La advertencia se suma a una serie de reclamos que se hicieron públicos durante las últimas semanas. El 1 de septiembre, las empresas habían presentado una nota ante SAETA en la que informaron que contaban con combustible suficiente para sostener la prestación durante aproximadamente seis días.

En aquella presentación describieron la situación como de “extrema complejidad” debido a la falta de pagos en tiempo y forma y solicitaron la cancelación de los certificados adeudados.

Dos días después, SAETA intimó formalmente a las empresas a garantizar la continuidad y regularidad del servicio. El organismo recordó que las obligaciones contractuales se encontraban vigentes y les exigió evitar cualquier suspensión, reducción o modificación unilateral que pudiera afectar a los usuarios.

En ese momento, SAETA también reconoció la existencia de un déficit operativo y señaló que gestionaba ante el Gobierno provincial una asistencia financiera extraordinaria.

Si bien el servicio continuó y no se produjo la paralización total que había sido planteada como posibilidad a comienzos de septiembre, las empresas aseguran ahora que el problema financiero persiste y que ya se tradujo en una reducción de la prestación.

Reclamo de las empresas

En la nueva solicitada, las prestatarias reclamaron el “estricto cumplimiento” de los contratos y plantearon la necesidad de contar con previsibilidad para las empresas que realizaron inversiones en el sistema.

También solicitaron la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una “solución urgente y definitiva” que permita garantizar la continuidad del transporte metropolitano.

“El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida”, expresaron.

Las empresas, además, manifestaron su voluntad de continuar operando, aunque advirtieron que, si se mantienen las actuales condiciones, podrían verse imposibilitadas de afrontar sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.

El conflicto se desarrolla en un contexto de mayores costos operativos para el transporte del interior del país, tras la eliminación de los subsidios nacionales a fines de 2023. A esto se sumaron, según el planteo de las prestatarias, los aumentos en combustible, salarios y repuestos y una menor cantidad de pasajeros.

Ahora, el reclamo queda concentrado en dos cuestiones: el monto y el estado de los pagos pendientes a las empresas y las medidas que adoptará la Provincia para evitar que las restricciones en unidades y frecuencias continúen profundizándose. La respuesta de SAETA será determinante para conocer cómo continuará la prestación en los próximos días.