Crónica de una Pandemia (Auto) Agravada

Por Gerónimo Rocha Pereyra

Abogado Especializado en Derecho Administrativo y Regulación Económica

Estamos siendo espectadores de una situación inédita a nivel mundial que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Una tragedia con importantes consecuencias negativas, que ya estamos atravesando actualmente, pero que a largo plazo nos dejará muchas lecciones y aprendizajes, que esperemos nos permitan desarrollar una evolución como sociedad.

Son de esas situaciones en las que deben llevarse a cabo acciones y adoptarse decisiones en un contexto desconocido por todos y de gran incertidumbre; en las que luego de varios años se podrá evaluar si esas acciones y medidas que han tomado los gobiernos y las sociedades en su conjunto, han sido las correctas o las adecuadas.

Naturalmente que durante el transcurso de esta crisis sanitaria es muy difícil juzgar y evaluar la actuación de los tomadores de decisión que tienen la responsabilidad de adoptar las mejores y -en muchos casos- menos nocivas decisiones para la población.

En este contexto mundial, nuestro país se ha visto “beneficiado” por la posibilidad de visualizar la propagación del virus COVID-19 en el mundo, incluso antes de ser calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Saludo, lo que permitió tomar inicialmente medidas oportunas para evitar el flagelo por el que han debido atravesar otros países.

Las medidas iniciales fueron sumamente restrictivas con el propósito de: (i) encapsular el virus, (ii) frenar su propagación, (iii) acondicionar el sistema sanitario, (iv) informar y educar a la población respecto de las medidas de prevención, (v) ganar tiempo para permitir a la ciencia la incorporación de mecanismos de prevención y mitigación del virus, entre otras. Siempre sabiendo que resulta imposible ganar la guerra, pero sí amortiguar sus consecuencias negativas.

Ahora bien, esas medidas restrictivas que, inicialmente fueron oportunas y necesarias, se han mantenido durante más de 4 meses con distintos matices en función de la región (siendo el AMBA la más afectada), lo que llevado al país a una situación de parálisis económica, social y educativa sin precedentes.

La restricción a las libertades individuales y la prohibición de la realizar diversas actividades económicas, ha determinado una caída alarmante de la actividad económica, la pérdida de los puestos de trabajo, el debilitamiento de la capacidad productiva de nuestro país y la fractura del tejido social. Un empobrecimiento vertiginoso y generalizado de toda la población.

En cierta medida todos los países se encuentran atravesando situaciones similares, pero no con la magnitud y profundidad del nuestro, que además viene de años de crisis y emergencias.

Pero ningún país ha mantenido las restricciones que ha instrumentado el nuestro (particularmente en el AMBA) durante tanto tiempo, y con tanto nivel de avasallamiento de las libertades individuales de la población.

Evidentemente, o somos innovadores o tenemos un error de diagnóstico que nos impide adoptar las decisiones correctas y adecuadas en el marco de esta emergencia sanitaria. El tiempo, como vimos, lo dirá. Pero me parece que estamos en presencia de la segunda hipótesis (por no proponer ni abonar teorías conspirativas).

El hecho de haber tenido la posibilidad de ver el desarrollo del virus en otros países con anticipación por un lado fue positivo, porque nos permitió adoptar con anticipación diversas medidas; pero al mismo tiempo nos asustó por la forma intempestiva e inesperada que se propagó generando muchos fallecimientos e imágenes impactantes.

Pero es precisamente en estos momentos, en donde se requiere serenidad, profesionalismo y razonabilidad en la toma de decisiones. Decisiones que impactan en lo más profundo de nuestros basamentos como sociedad.

Y para ello es necesario, en primer lugar, contar con un diagnóstico preciso, real y permanentemente actualizado de la situación. Recién partir de eso, se podrá determinar la mejor táctica para, finalmente, implementar las medidas correspondientes.

Si el diagnóstico es errado, falso o parcialmente cierto, cualquier decisión que se adopte posteriormente será irrazonable, desproporcionada, inocua e ineficaz. Y producirá, en definitiva, un agravamiento de lo que el propio flagelo de esta pandemia por sí genera.

En definitiva, debemos asegurarnos que las decisiones que tomemos no produzcan consecuencias aún más graves que los males que pretendemos mitigar.

1. El diagnóstico. De la “real” peligrosidad del virus COVID-19 en nuestro país

Para tener un diagnóstico preciso para determinar las mejores medidas a adoptar, debemos tener claro los principales indicadores de la enfermedad.

En nuestro país, la tasa de letalidad es del 1.8%. La misma se calcula sobre los contagiados confirmados oficiales (2893 fallecidos sobre 158.321 casos confirmados, al 26 de Julio de 2020).

Este dato es parcialmente cierto. Pero no del todo cierto, porque como todos estudios indican los contagiados reales serían entre 5 y 10 veces más que los confirmados oficiales. Por ende, la tasa de letalidad sería significativamente menor, ubicándose en un 0,36%, aproximadamente, en el caso que se multiplique por 5 (y 0,18%, en el supuesto que sea por 10).

Pero además de eso, el dato por sí sólo carece de la seriedad suficiente para permitirnos analizar la realidad de la situación epidemiológica de nuestro país.

Al tomarse el total de los fallecidos, en lugar de diferenciarlos por franja etaria, se camufla la real dimensión del problema y nos impide tener un diagnóstico claro de la situación.

En efecto, aun cuando tomemos una tasa de letalidad del 1,8% (lo cual no refleja la realidad por la existencia de muchos casos más, como vimos), la realidad epidemiológica de nuestro país es la siguiente:

Rango Etario	Porcentaje letalidad
0 a 9 años	0,09%
10 a 19 años	0,05%
20 a 29 años	0,07%
30 a 39 años	0,17%
40 a 49 años	0,52%
50 a 59 años	1,41%
60 a 69 años	5,21%
70 a 79 años	12,18%
80+ años	16,83%

* Fuente: Ministerio de Salud de la Nación al 26/07/2020

En términos generales las proporciones en las distintas franjas etarias coinciden respecto de los restantes países del mundo.

De los números expuestos se advierte con toda claridad que la letalidad del virus es insignificante hasta los 49 años y muy baja hasta los 59 años.

Ya comienza a tener alguna importancia en la franja de 60 a 69 años, proyectando toda su potencia respecto de los adultos mayores a partir los 70 en donde la letalidad es del 12,18 %, y se eleva al 16,83% respecto de los mayores de 80 años. Por eso el promedio de edad de los fallecidos es de 73 años.

Para complementar el panorama, y como lógica consecuencia de los datos segmentados que detallamos, las Unidades de Terapia Intensiva son ocupadas en un porcentaje altísimo por pacientes a partir de los 65 años.

Como puede verse, y a pesar de su alta contagiosidad y de las molestias que pueda ocasionar su padecimiento, el virus comienza a mostrar algún riesgo para la salud para los pacientes de más de 60 años y respecto de aquellos que tienen enfermedades preexistentes (enfermedades respiratorias, neumonía, etc.). Este es el verdadero “grupo de riesgo” y respecto de quienes deben orientarse las políticas públicas para su cuidado y contención.

Y es importante que toda la sociedad tome nota de esta situación para no paralizarse frente al miedo que se intenta transmitir y focalizar la atención respecto de quienes son realmente las víctimas y sectores vulnerable de la enfermedad.

Un adulto mayor, por ejemplo, aun cuando se levante la cuarentena totalmente, hasta que no salga la vacuna deberá permanecer aislado –además de las medidas de precaución- porque se encuentra en riesgo su salud, a partir del incremento de la tasa de letalidad que tiene el virus, tal como vimos.

Por eso son ellos quienes forman parte del sector vulnerable. Porque no pueden socializar con su nietos y demás familiares para preservarse, lo que los lleva a situaciones personales muy complejas que deben ser comprendidas y atendidas por toda la sociedad.

A partir de ello, como primer paso, tenemos la obligación como sociedad de identificar el verdadero flagelo de esta enfermedad. Por eso, el gobierno debería informar la tasa de letalidad en función del rango etario para dar una información veraz, real y precisa, en lugar de infundir miedo y terror, para que la sociedad pueda evaluar los verdaderos alcances y riesgos de la misma.

Y de este modo se pondrán las energías en donde resulta necesarias e indispensables.

Los medios de comunicación tienen un rol determinante. Sin embargo, salvo excepciones no han estado a la altura de las circunstancias, ya que ha privilegiado el sensacionalismo en lugar de la información seria y objetiva.

Y no debe caerse en la simplicidad de desmerecer la enfermedad. Simplemente darle el lugar que debe ocupar y actuar en consecuencia. Sólo para tener una referencia respecto de la real incidencia de este virus en relación a otros, el promedio anual de muertes por neumonía y gripe en nuestro país es de 30.000 (y para estos virus existe la vacuna).

2. La (i)razonabilidad y (des) proporción de las medidas “sanitarias” adoptadas

Frente a esta realidad, nuestro país decidió cerrar sus fronteras externas e internas, entradas a las provincias y los municipios. Un confinamiento generalizado de toda la población (sus libertades individuales), su educación y su economía, con distintas variantes y modalidades –pero en todos los casos muy estrictas- desde hace más de 4 meses y con particular determinación en el AMBA.

Cabe preguntarse, si estas medidas son constitucionales. Nuestra Constitución Nacional, de neto corte liberal, consagra y garantiza al máximo las libertades individuales, educativas, sociales, culturales, económicas y religiosas de todos sus ciudadanos.

También contempla que esos derechos podrán ser “delimitados” y estarán “regulados” por las leyes que dicte el Congreso de la Nación, pero que en ningún caso pueden ser eliminados. Y habilita a los poderes del estado en un contexto de emergencia a incrementar el poder de esas limitaciones.

Para determinar, entonces, la constitucionalidad de las medidas adoptadas debemos realizar con lo que se denomina el “test de constitucionalidad” que consiste en evaluar la “razonabilidad” y “proporcionalidad” de las decisiones adoptadas.

Ahora bien, frente a la realidad epidemiológica descripta en el punto anterior, con los propios datos que surgen del Ministerio de Salud de la Nación, cabe formularse las siguientes preguntas luego de 4 meses de un confinamiento estricto en nuestro país:

¿Es razonable que toda la población esté afectada por las medidas sanitarias de restricción?

¿No deberían mantenerse esas medidas respecto de los grupos de riesgo?

¿No debería aislarse a los adultos mayores y que todo el estado y la sociedad contribuyan a su contención y a quienes los asisten?

¿Tan alta es la tasa de letalidad que justifica el confinamiento durante tanto tiempo para toda la población?

¿Los ciudadanos menores de 60 años necesitan que el Estado los cuide, no los deje trabajar y los mantenga en confinamiento?

¿No sería más conveniente explicar con precisión y claridad la real situación epidemiológica a la población y adoptar las medidas adecuadas?

¿Si es que realmente es tan contagioso en lugar cerrados, es razonable que en la Provincia de Buenos Aires esté prohibido desde hace 4 meses que los niños tengan salidas recreativa, pero puedan ir a negocios de cercanía con sus padres?

No se pretende en este punto una apertura generalizada e irresponsable. Lo que corresponde es el mantenimiento de las restricciones en donde efectivamente resulten razonablemente eficaces.

Y la justificación de esto no es “porque pasó mucho tiempo” y que “la gente está cansada”, sino porque el verdadero riesgo que justifica la adopción de medidas restrictivas está en los grupos vulnerables, y no en el resto de la sociedad.

Frente a esta situación cabría preguntarse lo siguiente:

Si las medidas restrictivas de confinamiento se aplicaran exclusivamente respecto de los grupos de riesgo y toda la sociedad se una en su apoyo y contención:

¿Cuál sería la tasa de letalidad, se mantendría en 1.8%?

¿Cuál sería el nivel de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva?

¿Cuál sería el verdadero impacto en la economía, educación, fuentes de trabajo, etc.?

3. La sociedad desorientada actúa instintivamente y en forma descoordinada

Nuestra sociedad ha tomado debida nota de la real situación epidemiológica.

Inconscientemente ha iniciado su propio proceso de toma de decisión. Y por eso, mientras el gobierno insiste en señalar que la “cuarentena” de toda la población es la única medida “eficaz” para contrarrestar la “muerte”, la población se ha volcado masivamente a circular por las calles y parques de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento no ha llegado a desafiar al Gobierno intentando una protesta frente a la gravedad de las restricciones impuestas; pero en su fuero íntimo, y más allá de las precauciones que adopta por el cuidado de su salud, entiendo que ese riesgo de muerte que han pretendido instalar no es tal.

Al mismo tiempo, los que conforman el grupo de riesgo, intensifican las medidas de prevención y confinamiento por su propia cuenta, de una manera descoordinada y sin la correspondiente contención del Estado y de sus familiares (que paradójicamente sólo pueden sacar 2 permisos de circulación por semana para asistirlos).

Es evidente, entonces, que no hay una política orientada en este sentido con una comunicación clara y precisa desde el Estado y de los medios de comunicación, que nos permita a todos orientar los esfuerzos donde realmente son necesarios.

En la práctica, mientras el gobierno continúa prohibiendo actividades económicas la sociedad, de hecho, retoma sus actividades. Esto quedo claramente evidenciado en la última “cuarentena estricta” que pretendieron imponer en el AMBA entre el 1 y 17 de julio. En donde ordenaron el cierre masivo de locales comerciales, fábricas y actividades económicas, y restringieron al máximo el transporte, pero los ciudadanos continuaron con una vida “normal”.

Entonces, por un lado, mientras un pintor o un peluquero no pueden ir a trabajar, miles de personas se desplazan y circulan por el conurbano de la Provincia de Buenos, realizando tareas que van más allá de “compras para abastecimiento en negocios de cercanía”.

Y termina pasando lo de siempre: frente a prohibiciones irrazonables y desproporcionadas, los incumplimientos se generalizan e incluso desoyen las valederas y verdaderas recomendaciones sanitarias que pueden tener un impacto en la propagación de la pandemia: evitar reuniones sociales y familiares, mantener distanciamiento social, e higiene personal. Y fundamentalmente, asistir a los grupos de riesgo.

Frente a esta realidad estadística, realmente no se llega a comprender la decisión de las autoridades de someter a todo un país a un confinamiento estricto de toda su población y de las actividades económicas.

Cuando en realidad debería tomar medidas y cuidados intensos y concretos respecto de quienes conforman el grupo de riesgo.

Las medidas de confinamiento y cuidados especiales tienen que estar orientadas al grupo de riesgo. El resto de la sociedad tiene que tomar las medidas preventivas correspondientes, pero mantener su actividad en el marco de una nueva normalidad que requiere la convivencia con un virus altamente contagioso y que, si bien en la mayoría de los casos es asintomáticos,o oligoasintomáticos o síntomas leves (casi el 90%, aproximadamente), en algunos casos tiende a tener una complicación (10%), aunque el porcentaje de letalidad es prácticamente inexistente (siempre hablando de quienes no conforman los “grupos de riesgo”).

4. La guerra contra un “enemigo invisible”

Estamos en una guerra contra un enemigo invisible como acertadamente han señalado nuestros representantes. Frente a ello necesitamos un comandante en jefe con el suficiente pragmatismo que se rodee por los más destacados especialistas de las distintas áreas.

Si el ataque del enemigo se despliega en forma simultánea en distintos frentes (aire, tierra o agua), será necesario convocar a las mejores especialistas y repeler cada uno de los ataques.

El COVID-19 nos ha librado una guerra que no se limita a lo sanitario. El ataque es general y abarca distintos campos de batalla que requieren ser atendidos y repelidos en forma simultánea: en lo económico, social, educativo y también, por supuesto, en lo sanitario.

El error es pesar que el ataque es sólo sanitario porque entonces estaremos combatiendo en una guerra, pero defendiéndonos solamente en una batalla. Y por librar esa única batalla, mientras se están librando otras tantas en forma simultánea, indefectiblemente vamos a perder la guerra en forma escandalosa y, naturalmente, esa batalla.

Batalla sanitaria que estaba predeterminada a perderse, pero que, con la adopción de medidas y decisiones correctas, las pérdidas pueden morigerarse.

Por eso no hay pos pandemia. Es como decir pos guerra, cuando decidimos no presentarnos en las distintas batallas. Las batallas económicas, sociales y educativas se están librando. El virus está atacando en los distintos flancos, dependerá de nosotros darnos cuenta de eso, asumir el rol que nos toca, y presentarnos a esas batallas en las que estamos perdiendo sin siquiera haber peleado.