Nafta: la actualización del impuesto a los combustibles promete recalentar la inflación

La estimación surge de especialistas en energía y macroeconomía. El Gobierno analiza descongelar el tributo en el marco de la discusión por el déficit financiero 0%. Mayor recaudación versus recalentamiento de la inflación.

Este jueves vence el congelamiento del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) y el Gobierno analiza por estas horas su actualización por fines recaudatorios, en el marco de la discusión fiscal. Sin embargo, podría traducirse en una suba en los precios de los surtidores de combustibles, lo que impactaría entre 1 y 2 puntos en la inflación de febrero.

La discusión está centrada entre la necesidad de una mayor recaudación y el costo social a tomar por una nueva aceleración de precios que podría retomarse en febrero tras la suba de los combustibles. Se trata de un precio de precios, que está atado a la variación del dólar, la cotización del barril y el impuesto a los combustibles. Según Julián Rojo, especialista en macroeconomía y energía, una suba discutida en surtidor en torno al 25% aportaría alrededor de un 1 punto al número de inflación mensual, al menos dentro del Gran Buenos Aires, 1,5 puntos porcentuales en otros puntos del país, como la zona Cuyo o la Patagonia. “La incidencia del aumento de los combustibles es del 2,8 en el IPC dentro de GBA, pero se va a 5,2% en las zonas anteriormente mencionadas”, explica el economista. El aumento llevaría el precio de la nafta súper por encima de los $1000.

De todos modos, una vez descongelados, no se trataría de una sola suba. Para Raúl Castellano, presidente de la Cámara de empresarios de combustible, el atraso está en el orden del 300%. “No tenemos definido si este aumento estipulado en 25% se aplicará todo junto o en dos o tres tramos, pero las petroleras nos confirmaron que aumentan el jueves”, advierte el empresario.

El impacto en la inflación no solo vendría por incremento en los precios del surtidor, sino también por la incidencia en la cadena de transporte. “La suba de combustibles genera un aumento en cascada de otros bienes y servicios. La red de distribución es prioritariamente por camión y si una porción de ese aumento se traslada a flete, lo veremos en el IPC de febrero”, explica Dante Moreno, economista de la consultora EPyCA. En esta línea, el economista Joel Lupieri advierte especialmente por la suba en alimentos: “los productos frescos tales como las frutas y las verduras deberían tener aumentos progresivos, en la medida que será más caro llevarlos a todos los rincones del país”.

El incremento sería el tercero dentro de la gestión de Javier Milei: el 8 de diciembre subieron un 30% y el 13 de diciembre un 37%. Ahora se estipula en un 25%. “El efecto más inmediato es profundizar la dramática caída del salario real”, alerta Federico Machado, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN). Desde la institución consideran que un punto extra de incidencia extra por la suba del combustible más el impacto en la cadena de comercialización llevaría la inflación en febrero del 14% al 17%. Igualmente, para Moreno, las empresas no podrán trasladar los incrementos de forma plena, ya que las firmas se encuentran observan con preocupación situarse en un segmento de baja rentabilidad, tras la caída de las ventas. Las alimenticias podrían resolver este problema “segmentando las subas entre sus diferentes líneas de comercialización, primera, segunda y terceras marcas”.

La contracara de este incremento es su potencial recaudación, en el marco de una discusión fiscal que el Gobierno prometía saldar en el Congreso de la Nación. Retirado el capítulo que en la Ley Ómnibus hacía referencia a la composición estratégica del déficit financiero 0%, el oficialismo analiza alternativas por fuera de la baja del gasto que permitan superar el traspié. En ese sentido, Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), destaca que el valor real del impuesto a los combustibles cayó un 85% entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2023. Con su actualización, la Nación podría juntar recursos extras por 0,37% y las provincias por 0,15%. Pero puede costar caro: para Rojo, el congelamiento del tributo “genera una gran pérdida de recaudación por no actualizarse” tal que, en términos reales, se paga menos del 8% de lo que se pagaba en 2017. Para volver a esos valores, “habría que sumarle casi $350 por litro de nafta/gasoil.”

Fuente: Ambito