Dos proyectos para regular las apps de transporte se analizan en el Concejo Deliberante

Estas iniciativas fueron analizadas en la Comisión de Transporte y pasarán este martes a Legislación. Se discuten los requisitos para los conductores, el marco fiscal para las plataformas digitales y los seguros obligatorios.

Presidida por el concejal Gonzalo Nieva, se analizó dos proyectos de ordenanza que buscan regular el funcionamiento de plataformas digitales como Uber y DiDi en la capital provincial.

Los proyectos fueron presentados, por un lado, por el Ejecutivo Municipal, a cargo del intendente Emiliano Durand, y por otro, por el propio concejal Gonzalo Nieva. Si bien coinciden en reconocer legalmente esta modalidad de transporte y en establecer requisitos para conductores y vehículos, presentan diferencias significativas en materia de recaudación, exigencias para los choferes y fiscalización de seguros.

Uno de los puntos centrales en discusión es cómo y cuánto deben tributar las plataformas digitales que intermedian en el transporte de pasajeros.

El proyecto del Ejecutivo municipal establece que las empresas deberán constituir domicilio legal y comercial en la ciudad de Salta, y contar con habilitación comercial y oficina física dentro del ejido municipal. Esto les impone el pago de tributos municipales comunes, como cualquier comercio habilitado.

En cambio, el proyecto impulsado por Gonzalo Nieva propone la creación de un Fondo Público de Movilidad Urbana Sostenible, al cual las plataformas deberán aportar el 1,5% del valor de la comisión obtenida en cada viaje. Este fondo será administrado por el municipio y se destinará a mejoras en infraestructura vial, transporte activo y arbolado urbano.

Ambas iniciativas buscan que las plataformas dejen de operar sin regulación fiscal, pero difieren en el mecanismo de recaudación y en el destino de esos fondos.

Respecto a los requisitos para los conductores, el proyecto del Ejecutivo introduce una exigencia clara de Licencia Nacional de Conducir profesional vigente, alineada con la lógica del transporte público oneroso. Además, fija una vigencia de dos años para el permiso, que deberá ser renovado.

En el texto del concejal Nieva también se exige licencia de conducir, pero no se especifica si debe ser profesional, lo que podría dar lugar a interpretaciones más laxas en la reglamentación posterior. Tampoco se establece un plazo de vigencia del permiso.

Un aspecto en el que coinciden ambas propuestas es en la exigencia de seguros obligatorios específicos, conforme a la Resolución 615/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Esto incluye cobertura para vehículo, conductor y pasajeros, en el marco de una actividad de transporte oneroso.

Además, se exige que las compañías aseguradoras estén habilitadas para operar en el país, y se establecen obligaciones tanto para las plataformas como para los conductores independientes de acreditar dicha cobertura antes de operar.

Por otra parte, ambos proyectos coinciden en que los viajes deben ser solicitados exclusivamente a través de una aplicación digital. Se prohíbe expresamente que los vehículos tomen pasajeros en la vía pública, como lo hacen taxis y remises.

También se establece que los conductores no podrán tener rutas ni horarios fijos, y que deben estar registrados formalmente en la plataforma para operar.

Una diferencia interesante aparece en torno a la interoperabilidad. El proyecto de Nieva autoriza que taxis y remises tradicionales puedan registrarse y operar en las plataformas, si cumplen los requisitos. En cambio, no se aplica esta interoperabilidad a los conductores que sólo se desempeñan en plataformas digitales.

El proyecto del Ejecutivo, en cambio, promueve la equidad y modernización del sistema tradicional, pero no detalla mecanismos específicos para la integración entre ambas modalidades.

En el proyecto de Nieva, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) se mantiene como órgano de control, en línea con la cesión de competencias firmada años atrás por el municipio. Esto implicaría que la fiscalización recaería en un organismo provincial.

En cambio, el proyecto del Ejecutivo plantea que la autoridad de aplicación sea determinada por el propio Ejecutivo Municipal, lo que le permitiría al municipio recuperar autonomía en la regulación del transporte urbano.

El proyecto del Ejecutivo introduce funcionalidades tecnológicas adicionales como el botón de pánico vinculado al 911 y la posibilidad de que el pasajero comparta su ubicación en tiempo real durante el viaje. Estas exigencias no están contempladas en el proyecto de Nieva.