Qué es Sea Lion, el multimillonario proyecto petrolero en las Islas Malvinas que busca frenar el Gobierno

En una cadena nacional, el presidente Javier Milei cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa impulsada por empresas extranjeras para la extracción de crudo en las aguas próximas a las Islas Malvinas, y adelantó un paquete de medidas para frenar la explotación unilateral de recursos en la Plataforma Continental Argentina.

Medidas administrativas y endurecimiento de sanciones

Para hacer frente a esta amenaza estratégica, el jefe de Estado confirmó la firma de un decreto para agilizar los procedimientos contemplados en la ley 26.659, la cual regula la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar argentino. La normativa dictada instruye a los organismos estatales a remitir las infracciones a la Cancillería argentina, además de exigir declaraciones juradas en trámites del sector y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para bloquear el acceso a firmas no autorizadas.

Asimismo, la Cancillería argentina ya remitió cerca de 180 notas de desaliento a más de 29 países y compañías involucradas en las islas, advirtiendo que Argentina no se quedará de brazos cruzados ante la apropiación de reservas.

Impacto y alcance del proyecto Sea Lion

El yacimiento Sea Lion, situado en la cuenca Malvinas norte a 220 kilómetros del archipiélago y a 450 metros de profundidad, prevé convertirse en la primera explotación offshore de la zona. El plan de trabajo contempla la ejecución de más de 60 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante FPSO, divididos en distintas etapas de perforación.

La iniciativa está bajo el control de la firma israelí Navitas Petroleum —poseedora del 65% de la participación y operadora— junto a la británica Rockhopper Exploration, que retiene el 35% restante. Ambas compañías proyectan una inversión inicial de 1.800 millones de dólares para lograr la primera extracción de petróleo en marzo de 2028, sobre un total estimado de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

Rechazo oficial y reclamo soberano

El Gobierno argentino reiteró que la explotación unilateral de recursos viola las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cuales exigen abstenerse de modificar la situación en territorios con disputa de soberanía. A través del Ministerio de Exteriores, la administración nacional ratificó su rechazo a los permisos concedidos por las autoridades coloniales británicas, declarando ilegales todos los actos derivados del proyecto.

Las acciones dispuestas buscan resguardar los derechos imprescriptibles del país sobre las reservas naturales del Atlántico Sur.