Casi 900.000 argentinos tienen sus deudas en manos de agencias de cobranza

La cantidad de personas con deudas transferidas a agencias de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos alcanzó las 882.173 en julio, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado a partir de datos del Banco Central.

Estas empresas adquieren de bancos y otras entidades financieras créditos con dificultades de cobro por una parte de su valor y luego buscan recuperar el dinero directamente de los deudores.

De acuerdo con el informe, un grupo de 11 entidades dedicadas a esta actividad concentra el 15% de los deudores morosos y el 9,6% de las líneas de crédito consideradas irregulares. Sin embargo, las carteras transferidas representan el 3,6% del monto total de la deuda en mora.

El crecimiento de esta modalidad se produce mientras aumentan los atrasos en el pago de los compromisos financieros de los hogares.

Crece la morosidad de largo plazo

Los datos muestran una reducción de la cantidad de personas que se encuentran al día con sus obligaciones. Durante el último año, el número de deudores sin atrasos cayó en 887.010 personas, mientras que también disminuyó el grupo con demoras de hasta seis meses.

En cambio, aumentaron con fuerza las personas que acumulan atrasos más prolongados. Los deudores con entre seis meses y un año de mora crecieron en 536.899 personas, mientras que quienes llevan más de un año sin cumplir con sus compromisos aumentaron en 1.298.950.

En términos interanuales, el grupo con más de un año de atraso registró un incremento del 60%, mientras que el segmento con entre seis meses y un año de mora creció un 63%.

A su vez, el Banco Central registró en julio una morosidad del 12,9% en los créditos destinados a las familias, frente al 5,6% registrado en el mismo mes del año anterior.

Según el IAG, alrededor de 3,4 millones de personas son consideradas “irrecuperables”, categoría que comprende a quienes acumulan un año o más de atraso en sus obligaciones. Dentro de ese grupo, la mitad registra una deuda total de $77.900 o menos.

El informe también advirtió sobre las prácticas utilizadas en algunos procesos de cobro y señaló que determinadas conductas de presión u hostigamiento se encuentran alcanzadas por la normativa vigente.