A casi doce años de la implementación de la tolerancia cero de alcohol al volante en Salta, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone modificar el régimen vigente y fijar en 0,5 gramos por litro de sangre el límite permitido para conducir. La iniciativa se perfila como uno de los debates más polémicos que deberá afrontar la Legislatura cuando comience el período ordinario de sesiones en marzo.
El proyecto es impulsado por los legisladores Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas, y plantea modificar la Ley Provincial 7846, que desde 2014 establece la prohibición absoluta de conducir con presencia de alcohol en sangre.
El eje central de la propuesta es reemplazar el esquema actual por un sistema escalonado de sanciones. En ese marco, quienes conduzcan con niveles de alcoholemia de entre 0,5 y 1 gramo por litro de sangre podrían enfrentar multas de entre 300 y 800 unidades fijas, retención de la licencia, inhabilitación de entre seis meses y un año, y la remoción del vehículo.
En tanto, para los casos que superen 1 gramo por litro, el proyecto establece sanciones más severas, con multas que podrían alcanzar las 1.000 unidades fijas, inhabilitaciones de hasta dos años y mayores descuentos de puntos en el carnet de conducir.
La iniciativa también contempla agravantes específicos. En caso de conducir bajo los efectos del alcohol con menores de edad, personas que no puedan valerse por sí mismas, o al mando de vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga, las multas y los plazos de inhabilitación se duplicarían.
En los fundamentos, los autores sostienen que la reforma no busca debilitar los controles ni desregular el sistema, sino adecuar la normativa a un parámetro que consideran razonable y técnicamente sustentado. Argumentan que el límite de 0,5 gramos por litro constituye un estándar reconocido en distintas jurisdicciones del país y del mundo.
Según plantean, ese umbral permitiría sostener políticas de seguridad vial sin generar efectos colaterales sobre la vida cotidiana ni sobre determinadas actividades económicas.
En esa línea, los legisladores señalan que la normativa actual, al establecer una prohibición absoluta sin distinguir niveles de alcoholemia, generó situaciones que, según su visión, impactaron negativamente en sectores estratégicos de la economía provincial, en particular el turismo, la gastronomía y la vitivinicultura.
El proyecto también vincula la discusión con el crecimiento del posicionamiento turístico de Salta, el desarrollo de su oferta gastronómica y la expansión de la producción de vinos de altura en los Valles Calchaquíes, actividades que —según sostienen— requieren marcos regulatorios acordes a su dinámica productiva.
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